La regularización extraordinaria 2026 no es, ni mucho menos, la primera que se aprueba en España. Desde mediados de los años 80, nuestro país ha llevado a cabo varios procesos de este tipo, impulsados tanto por gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista. Conocer este contexto histórico ayuda a entender que la regularización de inmigrantes en España es una herramienta consolidada de gestión migratoria, no una improvisación política.
Un repaso a las regularizaciones extraordinarias en España
Según los datos oficiales recopilados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estos han sido los principales procesos de regularización extraordinaria aprobados en España desde 1986:
- 1986 (Gobierno de Felipe González, PSOE): 38.294 solicitudes concedidas. Fue la primera gran regularización tras la aprobación de la Ley de Extranjería de 1985.
- 1991-1992 (Gobierno de Felipe González, PSOE): 114.423 solicitudes concedidas.
- 1996 (Gobierno de Felipe González, PSOE): 21.294 solicitudes concedidas.
- 2000 (Gobierno de José María Aznar, PP): 264.153 solicitudes concedidas.
- 2001 (Gobierno de José María Aznar, PP): 239.174 solicitudes concedidas.
- 2005 (Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE): 576.506 solicitudes concedidas. Ha sido hasta ahora el mayor proceso de regularización de la historia democrática española.
- 2026 (Gobierno de Pedro Sánchez, PSOE): aproximadamente 500.000 personas estimadas.
Un instrumento usado por todos los gobiernos
Una lectura rápida de estos datos revela algo que a menudo se olvida en el debate político: los procesos de regularización extraordinaria han sido impulsados por gobiernos de ambos signos políticos en España. De hecho, los dos procesos llevados a cabo bajo gobiernos del Partido Popular en 2000 y 2001 regularizaron conjuntamente a más de medio millón de personas, una cifra similar a la que se estima para la regularización extraordinaria 2026.
Esto indica que, más allá del debate ideológico, los gobiernos democráticos españoles han recurrido a esta herramienta cuando la realidad de la irregularidad administrativa alcanzaba una dimensión que hacía imposible su gestión por las vías ordinarias del sistema de extranjería.
Un contexto europeo
España no es una excepción en este sentido. Las regularizaciones extraordinarias son una práctica habitual en la Unión Europea: desde los años 90 se han llevado a cabo más de 40 procesos de este tipo en distintos Estados miembros. Algunos de los más recientes han sido los aprobados en Italia en 2020 y en Portugal en 2021, ambos en el contexto de la pandemia de COVID-19 y orientados principalmente a trabajadores de sectores esenciales.
Otros países europeos con tradición en este tipo de procesos son Bélgica, Grecia y Francia, aunque cada uno ha adaptado el instrumento a sus circunstancias nacionales.
¿Qué dice la evidencia empírica?
Los estudios académicos disponibles sobre los procesos anteriores en España, y en particular sobre el de 2005, muestran resultados positivos en varias dimensiones:
- Mejora de la integración laboral de las personas regularizadas, con mayor acceso a empleo formal y mejores condiciones.
- Incremento de la recaudación fiscal, al pasar a la economía formal personas que antes trabajaban en la informalidad.
- Reducción de la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante, como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados.
- Mayor movilidad laboral de las personas regularizadas, que pueden acceder a ofertas de trabajo en cualquier punto del territorio y en cualquier sector.
Un hallazgo especialmente relevante: los estudios disponibles concluyen que estos procesos no generaron un efecto llamada significativo, contrariamente a lo que se suele afirmar en el debate público. La clave está en la fecha de corte y en los plazos cerrados, que evitan que el proceso se convierta en un incentivo para nuevas llegadas irregulares.
La gran diferencia con procesos anteriores
Aunque la regularización extraordinaria 2026 comparte la filosofía general de los procesos anteriores, tiene algunas particularidades que conviene destacar:
En primer lugar, se articula mediante Real Decreto en un contexto en el que ya existe un Reglamento de Extranjería moderno, reformado en 2025, que facilita los trámites ordinarios de arraigo y otras figuras. Esto significa que la regularización extraordinaria no sustituye al sistema general, sino que actúa sobre el stock de situaciones irregulares acumuladas para permitir que el nuevo sistema funcione con eficacia.
En segundo lugar, incorpora una vía específica para solicitantes de protección internacional, reconociendo la realidad de muchas personas que llevan años con su expediente de asilo en trámite sin resolución definitiva.
En tercer lugar, el proceso prevé la tramitación preferente y simultánea de unidades familiares, evitando situaciones de separación administrativa entre miembros de la misma familia.
Una política migratoria con perspectiva
El contexto histórico muestra que las regularizaciones extraordinarias son, en la práctica, un instrumento al que recurren los gobiernos democráticos cuando la irregularidad alcanza dimensiones estructurales. Lejos de ser una medida improvisada, responde a una lógica de política pública orientada a ordenar una realidad existente, garantizar derechos y maximizar la aportación de las personas migrantes a la economía y la sociedad española.
El proceso de 2026 forma parte de esta larga tradición, adaptada a las circunstancias actuales y complementada con un Reglamento de Extranjería reformado que busca hacer innecesarias futuras regularizaciones extraordinarias mediante vías ordinarias más ágiles y accesibles.
Datos históricos: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (inclusion.gob.es).
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